Loíza, Puerto Rico – A solo un (1) día de culminar el periodo para la confirmación de nombramientos dentro del Senado, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aún no ha realizado los nombramientos necesarios para ocupar la presidencia de la Junta de Planificación de Puerto Rico.
Ante la urgencia que presenta el puesto de la presidencia de la Junta de Planificación, la organización de base comunitaria con sede en Loíza, Taller Salud, denuncia el arrastre en los procesos de nominación al cargo. “Este puesto es de suma importancia para el desarrollo, implementación, y ejecución de la política pública de la Junta de Planificación, en cumplimiento con los derechos humanos, y a través de la protección del desarrollo sostenible de las comunidades con un enfoque en la protección ambiental,” informó Jenifer de Jesús, Directora de Iniciativas de Comunidad y Liderazgo en Taller Salud. Entre sus reclamos, la organización histórica puntualiza el riesgo que supone la composición de este ente por personas que únicamente responden a intereses económicos y partidistas. “Es indispensable reforzar la Junta de Planificación de Puerto Rico y hacer valer el Artículo V de su Ley Orgánica, la cual señala que sus integrantes deben ser personas capacitadas, con conocimiento y experiencia en las áreas relacionadas a su propósito,” indicó de Jesús.
La Junta de Planificación de Puerto Rico tiene la obligación de establecer la política pública con respecto al desarrollo sostenible del país. La sostenibilidad, a su vez, incluye el uso, desarrollo y subdivisión de terrenos, así como la evaluación para la construcción de edificios y estructuras en todo Puerto Rico. Las personas nominadas a la Junta de Planificación tienen el deber de asegurar que las actividades del sector privado no afecten el cumplimiento de los derechos humanos; rechacen el desalojo forzoso de las tierras y garanticen la vivienda digna; tomen en consideración las necesidades ambientales prevalecientes para un proceso sano de distribución de las tierras, la población y los recursos naturales; coordinen e integren los esfuerzos de los distintos sectores del país para la planificación; y garanticen transparencia, mecanismos de participación ciudadana y la rendición de cuentas dentro de su gestión.
Actualmente, el Senado de Puerto Rico considera a Manuel Hidalgo Rivera y a Rebecca Rivera Torres como miembros asociados de la Junta de Planificación. El Fideicomiso de Conservación, quien demandó a Hidalgo Rivera y a la Junta de Planificación, denunció que, en su rol como jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Económico de Canóvanas, éste enmendó de manera inconstitucional las clasificaciones de suelos de áreas agrícolas protegidas. Este cambio en clasificación autorizó construcciones en zonas inundables, cuyo impacto es tan humano como ambiental. Por su parte, Rebecca Rivera Torres fue una de cuatro personas funcionarias que endosaron y firmaron la derogación de diversas reservas naturales en el 2018, incluso luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmara su ilegalidad.
“A través de sus trayectorias, Hidalgo Rivera y Rivera Torres han demostrado patrones de privación e inequidad en el cumplimiento de los derechos humanos en su desempeño público,” afirmó Tania Rosario Méndez, Directora Ejecutiva de Taller Salud. “De ser aprobados los nombramientos por el Senado, estos tendrán una gran influencia en el diseño de la política pública de planificación, el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales.” Desde el impacto del Huracán Irma, Taller Salud ha trabajado y abogado por la recuperación de las comunidades luego de desastres. Entienden que estos perfiles resultan contraproducentes a los propósitos de la Junta de Planificación. “Sería detrimental que estas personas asuman espacio en la Junta de Planificación. Por lo tanto, en honor a nuestra misión y a los derechos de nuestras y todas las comunidades, nos oponemos firmemente a estos nombramientos,” expresó Rosario.
La devastación causada por los huracanes Irma y María, al igual que los terremotos comenzados a finales de diciembre de 2019, tuvieron un efecto desmedido en las comunidades más vulneradas. Estas, a su vez, coinciden a menudo con hogares en condiciones de pobreza–en su mayoría mujeres jefas de familia. Por la desproporción a accesos, el riesgo ambiental, las expectativas de vida y riesgo ante la creciente emergencia climática, el desplazamiento forzoso de comunidades para los intereses privados, entre otras, la organización Taller Salud entiende que el asunto de planificación es uno de equidad de género y justicia. “El Senado de Puerto Rico tiene un deber con la gente. Deben garantizar que las personas miembros de la Junta de Planificación cumplan con el mandato de su deber en ley. Todas las personas merecen seguridad y una relación saludable con el medio ambiente,” finalizó Jenifer de Jesús.
El Senado de Puerto Rico tiene como fecha límite el miércoles, 30 de junio de 2021 para confirmar las nominaciones presentadas por el gobernador Pedro R. Pierluisi Urrutia en los distintos puestos gubernamentales, incluida la composición de la Junta de Planificación de Puerto Rico.
Taller Salud es una organización feminista de base comunitaria dedicada a mejorar el acceso de las mujeres a la salud, reducir la violencia en entornos comunitarios y fomentar el desarrollo económico a través de la educación y el activismo. Fundada en 1979, Taller Salud es una organización independiente, no gubernamental y sin fines de lucro. www.tallersalud.com
